El 11 de julio del 2017, la secretaría del GSF (Fondo Verde para el Clima) publicó la última convocatoria para recibir insumos sobre la Política de Pueblos Indígenas. Esta iniciativa, perseguida desde hace más de 5 años, tiene como principal fin garantizar la participación indígena y cumplimiento de estándares internacionales como los Derechos de Los Pueblos Indígenas en la gestión de fondos de GSF.

Avances como estos son resultado de la lucha de los más de 57 millones de indígenas en el mundo que, pese a no contribuir con la emisión de gases de efecto invernadero son las principales víctimas, y para quienes “es casi imposible […] acceder a fondos para hacerle frente”, sostiene una investigación de CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú.

El Fondo Verde para el Clima es una iniciativa que se encarga de financiar y colaborar con los esfuerzos de los países en desarrollo por la mitigación, adaptación y efectos del Cambio Climático. Desde el 2015, este ha tenido un papel trascendental y ha recaudado más de USD 10.300 millones, donación de países desarrollados y en desarrollo, para subvencionar proyectos verdes en los lugares más vulnerables. De esta manera, hasta el año 2017, se aprobaron 43 proyectos a nivel global, de los cuales 4 se implementaron en América Latina; siendo el proyecto “Construyendo Resiliencia en los Humedales de la Provincia Datem del Marañón” en Perú uno de los primeros.

Este Fondo tiene presente estándares de respeto y conservación de derechos indígenas tanto por el Acuerdo de París (2015) como por las salvaguardas sociales, culturales y ambientales de la Corporación Financiera Internacional a los que está sujeta. Sin embargo, se han presentado casos, en los que proyectos de conservación gestionados por el GSF han comprometido o violado los derechos indígenas. Esto se puede evidenciar en, como sostenía la Relatoría Especial para los Asuntos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la instauración de distintos proyectos de energía renovable sin la autorización o aviso a las comunidades, los frecuentes casos de vulneración del Derecho a la Consulta Previa, “la expropiación de tierras, el desplazamiento forzoso, la pérdida de la cultura y de lugares de significación espiritual, y la falta de reconocimiento de sus propias autoridades”. Estas transgresiones han llegado a tal punto de llegar a la violencia sexual contra las mujeres indígenas que habitan en Chitwan, por parte de los oficiales del área, sostiene Victoria Tauli-Corpuz, tercera Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En respuesta a los distintos sucesos y tomando en cuenta su nivel de vulnerabilidad frente al Cambio Climático, las comunidades indígenas demandaron una Política de Pueblos Indígenas que atienda a las demandas de estos colectivos. Distintas organizaciones a nivel mundial sostienen que “la ausencia de una política de pueblos indígenas representa un vacío en las garantías que ofrecen los proyectos del FVC para los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, cuyas vidas y territorios son especialmente afectados por las consecuencias del cambio climático.” señala un informe de Chirapaq. Entre la lista de principales demandas con respecto a esta política, se encuentra la reivindicación de sus derechos territoriales en los bosques, lo cual no solo garantizaría el bienestar y respeto por la dignidad de la persona indígena, sino un mejor cuidado del medio ambiente. Esto se debe a que, según Tarcila Rivera, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, las grandes reservas de ecosistemas aún conservadas se encuentran en territorios indígenas y esto sucede, porque ellas garantizan, por sus conocimientos ancestrales y conexión intrínseca con la naturaleza, la conservación del ambiente, condición necesaria para contrarrestar el Cambio Climático.

Sin embargo, la usencia de la garantía de este derecho no es la única medida que estigmatiza a los pueblos indígenas en el Fondo Verde para el Clima.

Las condiciones formales en las que está diseñada el GSF, no permite el alcance de las comunidades indígenas a estos procesos globales. Según el informe El Fondo Verde para el Clima y los Pueblos Indígenas en el Perú, esto se evidencia en dos momentos. En primer lugar, durante la toma de decisiones, “las COP, donde suelen participar las organizaciones indígenas, podrían significar momentos precisos para hacer incidencia” sostiene Chirapaq. Sin embargo, también señala que “la toma de decisiones finales sobre este mecanismo corresponde a los Estados“. Esto dará paso al segundo momento, pues, durante las conversaciones, las “reuniones de la junta directiva se desarrollan […] con la participación de cuatro observadores activos (dos del sector privado y dos ONGs). Las demás entidades observadoras pueden seguir las reuniones en un espacio aparte y no cuentan con voz ni voto” señala el Centro de Cultural Indígenas del Perú. Es decir, las comunidades indígenas, tampoco pueden intervenir, dar su testimonio o ser tomados en cuenta en los diálogos. Esto tomando en cuenta que, hoy en día, las organizaciones no garantizan una representación efectiva de los colectivos indígenas, como lo demuestran los resultados de un taller realizado en el 2017 por TEBBTEBA y otras organizaciones del medio, donde se concluyó que “existe una inefectiva distribución de la información entre las organizaciones indígenas acerca del FVC. Las bases regionales y locales no se encuentran informadas acerca del seguimiento a este proceso” afirma Chirapaq.

De la misma manera, es necesario resaltar que, como se enuncia en un informe de Centro de Culturas Indígenas del Perú, “las reuniones y todas las comunicaciones del FVC se realizan en inglés, además de emplear un lenguaje técnico […] no existe traducción ni interpretación a los idiomas empleados en la ONU. Además, las organizaciones no cuentan con suficiente financiamiento para viajar hasta la República de Corea, sede de las reuniones.” Como vemos, los presentes regímenes de la GSF condicionan a las poblaciones indígenas a no solo no ser partícipe de las principales decisiones, sino que genera brechas y dificulta su participación en el proceso.

Otra brecha para/con las comunidades indígenas se identifica en los estándares extraordinarios presentes en el GSF que, tomando en cuenta las condiciones- aislamiento, etc.- en las que desarrollan los poblados indígenas, hacen inalcanzable el acceso de algún colectivo indígena a estos fondos. El Centro de Culturas Indígenas del Perú señala que “los estándares para acceder a los fondos implican requisitos logísticos y de manejo financiero que difícilmente se encuentran entre las fortalezas de las organizaciones indígenas”. Coincidiendo con Los miembros de la Alianza Global de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático, los Bosques y el Desarrollo Sostenible, que sostienen que sus posibilidades de calificar para estos fondos son nulas.

Por consiguiente, es necesario que estos estándares se flexibilicen para las comunidades indígenas y, a su vez, “es necesario, que el fondo […] se ejecute con miras a fortalecer las capacidades de las organizaciones indígenas, […] en formulación de iniciativas, diseño de indicadores, ejecución, monitoreo y vigilancia […]. La generación de estos instrumentos fortalecerá la propuesta de financiamiento directo a organizaciones indígenas, validarán la acreditación de sus organizaciones”, y permitirá que los pobladores potencien sus habilidades y conocimientos para colaborar con el desarrollo de la comunidad, sostenía Chirapaq

Secuencialmente, la propuesta anterior presenta otra brecha que se basa en los estándares de implemento, gestión y desarrollo de los proyectos de la FVC. “Queremos ser sujetos de derecho y no de asistencia” decía Tarcila Rivera, representante indígena. Actualmente, “los pueblos indígenas y las organizaciones indígenas nos hemos encontrado implicados dentro de estos procesos como beneficiarios, pese a que gran parte de estos fondos están orientados a ser invertidos en territorios indígenas, afectándonos y requiriendo de nuestra participación directa” sostiene su asociación. Las comunidades, según Tarcila, “con el saber ancestral de sus pueblos podrían ser fuente de solución ante impactos del cambio climático”. Sin embargo, estas iniciativas no implican lo necesario a los indígenas, siendo estos ajenos y carentes de capacitaciones en aspectos básicos como procesos de formulación, monitoreo y gobernanza de los mismos que brindaría bienestar a la comunidad y empoderaría a los pobladores como recursos humanos autosostenibles.

Los países latinoamericanos somos los más vulnerables a sufrir los efectos de Calentamiento Climático y, más vulnerables, son las comunidades indígenas. El centralismo y otras determinaciones las condicionan a vivir, día a día, sin infraestructura, sin recursos básicos de vida (centros de salud, etc.). Y, el nuevo fenómeno que hemos creado, las obliga a dejar sus hogares, migrar, destruye sus deidades y; además, ocasiona que pierdan su identidad: nuestra cultura. Conjuntamente, los proyectos que tratan de enmendar estos efectos y mitigar el Cambio Climático, denigran aún más los derechos indígenas, y comete abusos contra ellos.

Tal vez, la respuesta se encuentra en el “nada para nosotros, pero sin nosotros” que decía Tarcila.

Los grupos indígenas, a través de las instituciones formales, están desarrollando distintos avances para lograr su reivindicación como colectividad. En ese sentido, el implemento de una política indígena que garantice el respeto de los derechos indígenas es un óptimo primer paso de esta gran reforma. Sin embargo, hay otras medidas que estigmatizan a los pueblos indígenas en órganos internacionales como en el Fondo Verde para el Clima. Por ejemplo, las condiciones formales del diseño del GSF, los estándares de implemento, gestión y desarrollo de los proyectos de la FVC, etc.

Solucionar el cambio climático no es cuestión de cambiar máquinas, sino de cambiar la forma de pensar de la sociedad, en la que nos demos cuenta de que la visión paternalista- reflejada en ausencias en las tomas de decisiones, etc.- que sostenemos hacia las comunidades indígenas es la misma que, hoy en día, está ocasionando estigmas hacia ellas y las priva de brindar grandes aportes contra el Cambio Climático. El incluir a las comunidades indígenas no solo implica tomarlas en cuenta por su nivel de vulnerabilidad, sino como agentes de cambio que pueden aportar, que viven con la naturaleza y que están desarrollando iniciativas exitosas para contrarrestar el Cambio Climático. Esta inclusión efectiva y reconocimiento debe comenzar por nuestras instituciones políticas tanto a nivel nacional como internacional, donde, en forma como en fondo, se promueva igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades e igualdad de reconocimiento.

El Cambio Climático es una problemática social y nos dice que no es suficiente la participación de unos cuantos, sino que demanda la intervención y la inclusión efectiva de las comunidades indígenas, de todos.